jose hernandez

"Mitre ha hecho del país un campamento, Sarmiento va a hacer de ella una escuela…con Sarmiento va a tener que aprenderse de memoria la anagnosia, el método gradual y los anales de Da. Juana Manso… ¿Pero consentirá el Congreso, consentirán los hombres influyentes de la República, consentirá el pais en que un loco que ya ha fulminado sus anatemas contra el clero y contra la religión, que ha dicho que va a nombrar a una mujer ministra de culto, que es un furioso desatado venga a sentarse en la silla presidencial para precipitar al país a la ruina y al desquicio?"

José Hernández

jueves, 23 de marzo de 2017

24 de marzo
Día Nacional de la Memoria, 
la Verdad y la Justicia

El aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976 convocará a la ciudadanía a una masiva marcha.
Su significación, como ocurre año tras año, trascenderá largamente la conmemoración de uno de los episodios más trágicos de la historia nacional. Se proyectará una vez más sobre el presente político y social y representará ahora un mensaje de resistencia a las decisiones del gobierno, que actúa en descarada unidad con las distintas ramificaciones del capital concentrado, agrediendo de manera sistemática los más vitales intereses y derechos populares. Se trata de 200 monopolios capitalistas, en su mayor parte extranjeros y de la burguesía terrateniente que se han apoderado de las dos terceras partes de nuestra industria, las tierras en explotación, el comercio, las finanzas, los servicios, el transporte y otras actividades. Es una ínfima minoría que explota y acumula beneficios con el trabajo no pagado de 20 millones de argentinos.
Martínez de Hoz, Ministro de Economía y Presidente del Consejo Empresario
Argentino, junto a Videla, primer presidente de la Dictadura militar de 1976
Estos sectores, que tienen nombre y apellido, actuaron a través de aquella dictadura de 1976 empleando los métodos más bestiales y, a la vez, de la más refinada crueldad que la imaginación humana pueda concebir. Lo hicieron en el marco de un quebranto violento de las instituciones mediante el empleo de las fuerzas armadas, para impedir toda forma de organización popular que pudiera convertir en posibilidad real una democracia renovada de genuina representación de las mayorías.
Hoy son otros sus métodos para usurpar el poder republicano. No recurren ahora a la eliminación llana de las instituciones emanadas  del voto, al estrépito de una acción militar manchada ya por el descrédito abismal del antecedente genocida.
Agotada la carta militar, multiplicaron su acción sibilina dentro mismo del medio democrático. Su arma no es nueva, pero se ha perfeccionado y potenciado, al ritmo de una acelerada concentración económica: el empleo del poder económico, fortalecido como nunca antes, es su herramienta de acción política directa.
La monopolización de la actividad económica ha llevado a la monopolización mediática. De este modo, está bajo el mando directo y a sueldo del capital concentrado toda la información y la cultura de masas. La revolución tecnológica operada en el campo de la informática y las telecomunicaciones ha potenciado la capacidad del mensaje mediático de atraer la atención de la población, sesgar su información y manipular su opinión.
Desde este poder mediático, el capital concentrado ha subordinado y fragmentado los partidos políticos mayoritarios, agudizando su propia crisis ideológica y de representatividad.
La política está protagonizada por políticos mediáticos. Los políticos con acceso a los medios dominan la escena dentro de los partidos, porque son ellos los que tienen llegada al gran público y por lo tanto son los “dueños de los votos” de que dispone el partido, cuya organización interna pierde así toda fuerza definitoria programática y en la elección de sus dirigentes. Este simple mecanismo ha sido ya fuerza suficiente para que partidos tradicionales de masas como el peronismo y el radicalismo dejaran de existir como unidad orgánica. La política se convirtió en un reflejo de los medios, en lugar de ser los medios un reflejo de la política.
El gran capital, dueño de los medios, pasa de este modo a dirigir la política de un modo más o menos estrecho. Ejerce su poder antidemocrático, a través de la propia democracia.
El gran capital ha llegado al control del movimiento obrero con recursos complementarios:
1)    Apoyándose en las organizaciones burocráticas que dominan su tradición desde 1944;
2)    Con la represión y aniquilación de su sector democrático por parte de la última dictadura militar;
3)    Aprovechando su debilitamiento social a través de la política de destrucción de la industria inaugurada en 1976 y continuada especialmente por el menemismo y ahora por el macrismo.
4)    Con la acción mediática, activísima inyectora del consumismo, una ideología que promueve un individualismo inconsciente, una adormecida adhesión apolítica a la llamada sociedad de mercado y que ha costado a la clase trabajadora un retroceso sustantivo a nivel mundial.
El golpe de estado de 1976 colocó a José Alfredo Martínez de Hoz como Ministro de Economía. Sus primeras medidas contra la clase trabajadora fueron draconianas: al amparo del terror de estado, liberó los precios, congeló los salarios y suspendió el derecho de huelga. El salario perdió cerca de la mitad de su poder de compra. La apertura importadora con dólar bajo subsidiado por el endeudamiento externo y las altas tasas de interés, promovieron una importante destrucción de la industria. Esto a su vez provocó un aumento de la desocupación estructural, volviendo irreversible el nivel bajo de los salarios. Los trabajadores sufrieron una derrota histórica: nunca más recuperaron los niveles salariales y de ocupación previos al golpe.
Las consecuencias sociales de este golpe a los trabajadores fueron todavía más vastas. La desocupación estructural dio lugar a una marginalidad social de dimensiones inéditas, siendo esta la verdadera causa del auge del delito, la pérdida del hábito y la capacitación en el trabajo y la alteración de las costumbres pacíficas de la convivencia social.
Esta degradación de la sociabilidad es reflejo de la corrupción de las capas dominantes, puesto que han retaceado en forma creciente la inversión productiva, negándole trabajo a la población y dedicando parte sustantiva de sus inversiones a la especulación, la rapiña sobre el patrimonio y las finanzas públicas y el negocio ilegal.
Martínez de Hoz no fue ubicado por azar como ministro de la dictadura. De familia patricia, miembro nato de la oligarquía terrateniente, era presidente del Consejo Empresario Argentino (hoy Asociación Empresaria Argentina), nucleamiento de los Grupos Económicos, que controlan a su vez los principales monopolios privados del país, entre ellos los norteamericanos. Esto permite afirmar que la autoría intelectual y los móviles políticos y económicos del golpe de estado reconocen una base orgánica en esta entidad empresaria, que tampoco existe aisladamente, sino como una especie de filial del Consejo para las Américas, fundado por Rockefeller, conglomerado de las transnacionales norteamericanas que operan en América Latina.   
Las políticas del gobierno de Macri, moldeadas con el cuño de la dictadura y del menemismo, gozan naturalmente del más entusiasta apoyo de su  fuente inspiradora, la Asociación Empresaria Argentina, la misma que encaramó a Martínez de Hoz y que tiene, obviamente, como uno de sus socios, al grupo Macri.
La nefasta continuidad de este poder actuando entre bambalinas, tanto detrás de la dictadura como de la democracia, está en la raíz de la permanencia y el agravamiento de las condiciones de desintegración social creadas por la dictadura. Su presencia no es el fruto de la habilidad diabólica de un reducido grupo de seres excepcionales. Su extraordinaria capacidad de influencia deriva de la concentración del capital en pocas manos, de la monopolización de la economía, y de la posesión de los elementos claves del funcionamiento económico del país puestos bajo el arbitrio de sus dueños privados.
La cúpula económica se exhibe cada vez más claramente como una barrera que obstruye la posibilidad de realizar las aspiraciones populares, que no son otras que transformar la sociedad hacia un orden que incluya a todos sus habitantes bajo la efectiva garantía de acceder en igualdad a los bienes que instituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en 1948.

Por eso, el pueblo acierta cuando intuye que la marcha por la memoria del golpe de 1976, va también contra el actual gobierno.  

                                                                Grupo Interdisciplinario
                                                                       de apoyo a la CTA